El secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, convirtió el informe «Perspectivas de empleo 2026» de la OCDE en un argumento político para defender la estrategia salarial impulsada por el gobierno federal.
Frente a la tesis tradicional de que subir el salario mínimo destruye empleos, el funcionario sostuvo que México demuestra lo contrario al liderar la recuperación del poder adquisitivo entre las 38 economías del bloque, un resultado que enmarcó como validación de la ruta oficial.
Bolaños López presentó el logro como el cierre de una brecha histórica de desigualdad y, sobre todo, como producto de una decisión de política pública y no de la inercia del mercado. En ese punto reside la carga política del mensaje: atribuir el avance a una voluntad de gobierno.
El planteamiento coloca el debate en el terreno ideológico. El secretario cuestionó abiertamente si la resistencia a aumentar salarios es una necesidad económica real o un «dogma heredado», una frase que interpela a los sectores que históricamente han advertido riesgos por los incrementos.
La postura refuerza la narrativa oficial de que justicia social y crecimiento pueden ser complementarios, un mensaje con implicaciones directas para la discusión de futuros aumentos al mínimo y para la negociación con el sector empresarial.
En el terreno de la disputa por el relato económico, el uso de un organismo internacional como la OCDE busca dotar de respaldo técnico a una decisión que ha sido políticamente controvertida en administraciones anteriores.
Las afirmaciones y cifras provienen del posicionamiento del funcionario con base en el informe de la OCDE, y forman parte del discurso público de la dependencia; no constituyen, por sí mismas, una evaluación independiente de la política salarial.