La prohibición del uso de celulares en primarias y secundarias, junto con la tipificación del phishing como delito en la capital, fue aprobada por unanimidad en el Congreso capitalino, marcando un nuevo intento por frenar tanto las distracciones escolares como el crecimiento del fraude digital en la Ciudad de México.
Con 47 votos a favor y cero en contra, el Congreso de la Ciudad de México avaló una reforma que modifica disposiciones en materia educativa y penal, misma que ahora será enviada para su publicación en la Gaceta Oficial de la capital para su entrada en vigor. La decisión refleja un consenso legislativo poco común alrededor de dos problemáticas que han ganado relevancia en los últimos años: el uso excesivo de dispositivos móviles entre menores y el aumento de delitos cibernéticos.
En el ámbito escolar, la reforma establece restricciones al uso y portación de teléfonos celulares dentro de escuelas públicas y privadas de nivel básico. La medida aplicará principalmente durante el horario de clases y busca reducir distracciones, mejorar el rendimiento académico y fomentar un uso más responsable de la tecnología entre niñas, niños y adolescentes.
No obstante, la disposición contempla excepciones específicas. Los dispositivos podrán utilizarse cuando existan fines pedagógicos autorizados por docentes, en situaciones de emergencia o cuando las autoridades escolares lo permitan de manera expresa. Con ello, el Congreso buscó evitar una prohibición absoluta y mantener un margen para el uso educativo de herramientas digitales dentro del aula.
El debate sobre la presencia de celulares en escuelas ha cobrado fuerza en distintas entidades del país y en sistemas educativos internacionales, donde especialistas han advertido sobre impactos relacionados con déficit de atención, ciberacoso y dependencia tecnológica. Sin embargo, sectores críticos han señalado que este tipo de medidas pueden resultar insuficientes si no van acompañadas de estrategias integrales de alfabetización digital y apoyo familiar.
En materia penal, la reforma incorpora el phishing como delito dentro del Código Penal de la Ciudad de México. Esta modalidad de fraude digital consiste en obtener información personal o bancaria mediante engaños realizados a través de correos electrónicos, mensajes o sitios falsos que suplantan identidades institucionales o comerciales.
Las sanciones aprobadas contemplan penas de entre tres y seis años de prisión para quienes cometan este delito. Además, las condenas podrán incrementarse hasta en una mitad cuando las víctimas sean menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad, lo que en algunos casos podría elevar las penas hasta nueve años de cárcel.
El endurecimiento de las sanciones ocurre en un contexto de creciente incidencia de fraudes digitales en el país. De acuerdo con reportes de instituciones financieras y autoridades de seguridad cibernética, el phishing se ha convertido en una de las prácticas más recurrentes para el robo de datos personales y bancarios, afectando tanto a usuarios particulares como a empresas.
Aunque la aprobación fue unánime, especialistas en seguridad digital han advertido que la penalización por sí sola no resolverá el problema si no se fortalece la prevención, la educación tecnológica y la capacidad de investigación de las autoridades. Del mismo modo, organizaciones vinculadas a derechos digitales han insistido en que las nuevas regulaciones escolares deberán aplicarse sin vulnerar derechos de comunicación o acceso a herramientas tecnológicas en contextos educativos.
La reforma entrará en vigor una vez que sea publicada oficialmente por el Gobierno capitalino en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mientras las autoridades educativas y judiciales preparan los lineamientos para su implementación.