La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a garantizar la seguridad estructural del Tren Maya, al advertir que las autoridades tienen la responsabilidad de prevenir cualquier riesgo que pudiera derivar en una tragedia. Sus declaraciones surgen en medio de señalamientos sobre posibles hundimientos en pilotes del Tramo 5, así como trabajos de apuntalamiento en zonas de cenotes y cavernas.
En entrevista previa a la sesión ordinaria en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora subrayó que la ciudadanía tiene derecho a conocer con transparencia las condiciones de seguridad, estabilidad y viabilidad del proyecto. Insistió en que deben realizarse todas las acciones de ingeniería necesarias bajo los más altos estándares técnicos para salvaguardar la vida de las personas.
López Rabadán recordó que la experiencia reciente en el ferrocarril transístmico, donde se registraron víctimas mortales, refuerza la necesidad de actuar con previsión y responsabilidad institucional. En ese sentido, señaló que es indispensable que las autoridades informen con claridad sobre la situación real de la obra, especialmente ante los reportes difundidos por organizaciones y materiales audiovisuales que han generado preocupación pública.
En otro tema, la diputada también se pronunció sobre la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala la inmovilización de cuentas bancarias sin orden judicial. Aunque dijo respetar las decisiones del Poder Judicial, calificó la medida como “imposible de compartir” y expresó que, desde su perspectiva, podría contravenir principios constitucionales.
La legisladora argumentó que congelar cuentas sin una resolución judicial previa genera incertidumbre y puede afectar no solo a empresarios, sino también a trabajadores que dependen de esos ingresos. Advirtió que, en caso de errores en la aplicación de la medida, las consecuencias podrían ser graves para familias que verían interrumpidos sus ingresos durante largos periodos.
Asimismo, recordó que una propuesta similar fue frenada en 2018 por la propia Corte, la cual actuó entonces como contrapeso institucional. En contraste, consideró que la decisión actual podría debilitar la certeza jurídica en el país y afectar la confianza en el Estado de derecho.
Durante la misma intervención, López Rabadán destacó que los procesos legales para impugnar este tipo de medidas pueden prolongarse más allá de los plazos establecidos, lo que agrava el impacto económico y social de una eventual inmovilización injustificada. Comparó esta situación con otras figuras legales en las que primero se aplica una sanción y posteriormente se investiga, lo que —dijo— puede resultar perjudicial.
Finalmente, reiteró que su postura se emite a título personal como legisladora y abogada, y no como representante institucional de la Cámara. Subrayó la importancia de mantener el equilibrio entre poderes y de garantizar que cualquier medida se ajuste plenamente a la Constitución, con el fin de proteger tanto los derechos individuales como la estabilidad económica del país.