El escándalo por la presunta relación entre el exgobernador de Tabasco y actual senador Adán Augusto López Hernández y el grupo criminal La Barredora ha desencadenado una tormenta política que amenaza con dejar cicatrices profundas en Morena. El caso tomó una dimensión nacional tras revelarse que Hernán Bermúdez Requena, alias El Comandante H, quien fue secretario de Seguridad Pública durante su gobierno, es acusado de liderar esta célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Bermúdez es hoy un prófugo de la justicia, con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol. Está señalado por su participación en múltiples delitos: tráfico de drogas, trata de migrantes, robo de combustible y asesinatos extrajudiciales. Lo que ha generado mayor indignación pública es que informes de inteligencia militar, así como documentos filtrados por Guacamaya Leaks, sugieren que estas actividades eran conocidas desde al menos 2019, cuando Adán Augusto aún gobernaba Tabasco.
El senador ha negado rotundamente cualquier conocimiento de los vínculos delictivos de su excolaborador. “Nunca recibí información que lo ligara con actividades ilegales”, afirmó en declaraciones a medios. No obstante, las evidencias apuntan a que tanto él como su círculo cercano pudieron haber ignorado deliberadamente señales de alerta. Aunque no ha sido acusado formalmente por la Fiscalía, la presión social crece a cada hora.
En el Consejo Nacional de Morena, López Hernández fue arropado por su bancada, entre gritos de “¡No estás solo!” y pronunciamientos que lo calificaron como un político íntegro y leal. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, mostró una postura más institucional. Si bien rechazó “linchamientos mediáticos”, fue contundente al declarar que “no se encubrirá a nadie” y exigió a las autoridades judiciales actuar con plena autonomía.
La situación ha reavivado un fantasma que el país no ha terminado de exorcizar: el del caso García Luna. Las comparaciones entre el exsecretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, condenado en Estados Unidos por sus nexos con el narco, y la situación de Bermúdez, ahora proyectan un reflejo incómodo sobre Morena. Analistas y columnistas hablan ya de una “prueba moral” para el movimiento y de un posible punto de quiebre para su discurso de transformación ética.
En este contexto, la oposición ha anunciado que presentará denuncias penales contra Adán Augusto López, argumentando que fue omiso o cómplice al mantener a Bermúdez en el cargo pese a la información disponible. Legisladores del PAN y PRI exigen una investigación a fondo y señalan que se debe deslindar si hubo responsabilidades administrativas o penales.
Más allá del terreno político, el caso refleja una problemática estructural: la infiltración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad estatales. En Tabasco, La Barredora operó durante años sin enfrentar mayores consecuencias, lo que apunta a redes de protección institucional. Diversas organizaciones civiles advierten que lo ocurrido en ese estado no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que evidencia la fragilidad de las instituciones ante la captura criminal.
Morena enfrenta así un dilema complejo: cerrar filas y sostener su narrativa de honestidad o tomar distancia para mantener la credibilidad frente a una ciudadanía cada vez más escéptica. El caso de Hernán Bermúdez y la sombra que proyecta sobre Adán Augusto López no solo pone en entredicho decisiones del pasado, sino que podría marcar el futuro político del partido en el poder.
