Las recientes inundaciones en el centro y oriente del país han reactivado el debate sobre la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), eliminado en 2021 durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que se trataba de un instrumento “mal utilizado” y opaco.
El fondo, creado en 1996 para atender emergencias naturales con recursos federales inmediatos, fue suprimido mediante decreto y sustituido por un esquema de reasignaciones presupuestales administrado por la Secretaría de Hacienda. A cuatro años de su extinción, estados como Veracruz, Puebla e Hidalgo enfrentan dificultades para financiar la reconstrucción tras el paso de lluvias torrenciales que dejaron 48 muertos y miles de damnificados.
Falta de mecanismos y críticas políticas
El exdiputado Fernando Belaunzarán criticó que la decisión de desaparecer el FONDEN dejó a México “sin escudo ante las catástrofes”. “Se chingaron el fondo sin prever emergencias; hoy el país improvisa”, señaló en su cuenta de X (@ferbelaunzaran), retomando un sentimiento compartido por legisladores de oposición y organizaciones civiles.
El gobierno federal, por su parte, ha defendido que los recursos para emergencias se canalizan directamente desde el Presupuesto de Egresos y que los programas sociales funcionan como apoyo complementario para familias afectadas. Sin embargo, no existe actualmente un mecanismo con reglas de operación específicas ni un fideicomiso activo para desastres.
Impacto y cifras preliminares
Según cifras del Gobierno de México, 79 personas continúan no localizadas en cinco entidades tras las lluvias recientes. Los estados afectados han solicitado recursos extraordinarios a la Federación, mientras autoridades locales reportan pérdidas por más de 500 millones de pesos solo en Veracruz.
Expertos en gestión de riesgos y cambio climático advierten que la ausencia de un fondo especializado podría retrasar la respuesta institucional y aumentar el costo económico de la recuperación.
Contexto
El FONDEN llegó a disponer de hasta 13,000 millones de pesos anuales para atención de emergencias y reconstrucción. Diversos informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) habían señalado irregularidades, pero también reconocieron su utilidad para canalizar recursos de forma inmediata.
